Solicitar al Presidente de la República incorporar las enfermedades derivadas del Covid-19, al Régimen General de Garantías Explícitas (GES), al Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE) y a la ley Nº 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, denominada “Ley Ricarte Soto”, es el tenor de la Resolución 1596 aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados.
El objetivo del texto parlamentario es otorgar cobertura tanto para el tratamiento como para la rehabilitación. Asimismo, que las atenciones directas por Covid-19 tengan cobertura completa en FONASA, las Isapre y en el sistema de salud de las FF.AA. y de Carabineros de Chile.
La iniciativa de las(os) diputada(os) PPD Carolina Marzán, Patricia Rubio, Cristina Girardi, Andrea Parra, Ricardo Celis, Rodrigo González y Tucapel Jiménez; y los independientes René Alinco, Patricio Rosas y Raúl Soto, recuerda que las personas afectadas por el virus, y sus familias, están soportando costos muy elevados por conceptos de hospitalización, tratamiento y rehabilitación.
Todo ello, agregan, reúne condiciones de gravedad y urgencia, generando un alto impacto socioeconómico; puesto que no solamente existe el riesgo de la enfermedad sino, también, el de verse obligados a asumir una deuda que, en la mayoría de los casos, se hace imposible de costear.
Considerando que el Estado de Chile debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, es responsabilidad de la autoridad política dar respuesta a lo señalado, concluye la resolución.
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