A nivel nacional ya es conocida la polémica surgida en torno a la Fundación Democracia Viva y su vinculación con un partido político y posterior relación monetaria y de influencias con un ministerio. La desconfianza también ha llegado a la Región de Aysén y los diputados no dudan en “desempolvar la alfombra”.
Los diputados Raphael, Alinco y Calisto creen que es posible que haya irregularidades en la relación que mantuvo la Universidad de Aysén con la Fundación Democracia Viva y a eso añaden las transferencias del Gobierno Regional a la Fundación Procultura, por lo que solicitaron, mediante oficio, que la Fiscalía Regional comience una investigación.
Cada parlamentario por su cuenta ya había enviado distintos oficios de fiscalización. El diputado Calisto ofició a la Universidad de Aysén el trabajo realizado y los montos involucrados tras la realización de una escuela de verano por parte de la Fundación Democracia Viva.
El diputado Alinco también ofició a la Universidad de Aysén, pero además envió oficio al Gore por las millonarias transferencias a la Fundación Procultura.
La diputada Marcia Raphael, por su parte, envió un oficio a las distintas Seremías Regionales solicitando información sobre todos los convenios existentes con las distintas fundaciones.
En el documento se solicita: “realizar una investigación que permita dilucidar si nuestra Universidad realizó pagos de honorarios o gastos de traslado y estadía u otros gastos a trabajadores de dicha fundación o a su Presidente señor Daniel Andrade, ya sea en el marco de la Segunda Escuela de Verano de la Universidad (evento ampliamente difundido por la propia institución de educación dónde se informa la colaboración de la Fundación Democracia Viva), o cuando su Presidente el señor Daniel Andrade acompañó a la señora rectora Natacha Pino en representación de la Universidad de Aysén a participar en la ex Convención Constituyente, según consta en acta del Informe de Comisión de descentralización, Justicia y Equidad Territorial de la ex Convención Constituyente”.
Además, indica: “se solicita que se determine la legalidad de la contratación de la Fundación Democracia Viva, si su contratación respondió a la normativa pública, es decir mediante Licitación Pública, invitación a participar o en su haber trato directo y todos los gastos y pagos relacionados”.
Con respecto a los convenios de Procultura con el Gore, se solicitó: “que investigue los antecedentes que llevaron a la Gobernadora Regional de Aysén señorita Andrea Macías Palma y al Consejo Regional de Aysén aprobar $ 1.673.000 de pesos, mediante el Acuerdo N° 6.216 del 12 de abril del 2023 a la Fundación Procultura, para ejecución del Programa “Transferencia Programa Apoyo a familias de zonas Provincia de los Glaciares”, Código BIP N° 40051765-0, se investigue cómo llega a presentar su propuesta al Consejo Regional (Licitación Pública, Invitación o Trato Directo y sus fundamentos), considerando además que una semana después el día 19 de abril del 2023 el Gobierno de Regional de Magallanes le asigna a esta misma Fundación 1.500.000 de pesos para Programa de habilitación social en Porvenir”.
Según el diputado René Alinco se hace uso del rol fiscalizador que busca defender el patrimonio público.
"Vamos a solicitar a Fiscalía que se investiguen estas situaciones que, a lo menos, no son suficientemente transparentes. Esperamos que todo se aclare y le corresponde a la justicia actuar, por el bien de todos los ayseninos y ayseninas”, dijo Alinco.
La diputada Marcia Raphael y el diputado Miguel Ángel Calisto coincidieron con su colega sobre la presentación del oficio en la fiscalía para que se investiguen las implicancias, los alcances y los vínculos de la Universidad de Aysén y los aportes realizados por el Gobierno Regional a algunas fundaciones, corporaciones y ONGs.
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