Consejeros de Capitán Prat votarán en contra la concesión de un terreno en Tortel en favor de familia Luksic

Este viernes Pleno del Core Aysén deberá pronunciarse respecto a la concesión onerosa que otorgó Bienes Nacionales a la Fundación La Tapera, en relación a un terreno de 10 mil hectáreas en Tortel.

Por Patricio Araya González

Luego que este miércoles 28 la senadora Ximena Órdenes oficiara al ministro de Bienes Nacionales Julio Isamit y al seremi del ramo en Aysén, Alejandro Escobar, en orden a que estos informen sobre el pronunciamiento favorable que permite a la Fundación La Tapera, que preside María Paola Luksic Fontbona, recibir la concesión de un terreno de 10 mil hectáreas de superficie para uso oneroso, en la comuna de Tortel, el alcalde Bernardo López y los consejeros regionales Jorge Abello y Carlos Campos, conversaron con Diario Regional Aysén, oportunidad en la que manifestaron su absoluto desacuerdo con la referida concesión de un terreno fiscal.

El oficio de la parlamentaria opositora precisa que el terreno se ubica en el sector del Ventisquero Montt, en la comuna de Tortel, el que será destinado a un proyecto de conservación denominado Parque La Tapera.

“Hemos tomado conocimiento –asegura el oficio firmado por la senadora Órdenes– que el día (viernes) 30 de octubre de 2020, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén, someterá a conocimiento del Gobierno (Consejo) Regional de Aysén, la opinión favorable de su repartición para la entrega en Concesión de Uso Oneroso de 10.060,82 hectáreas, ubicado en el Lote B Sector Ventisquero Montt, sujeto a la administración de este Ministerio por Decreto Exento N° 481 de 6 de agosto de 2008, en la zona Ventisquero Montt, comuna de Tortel, Región de Aysén”.

El referido oficio sostiene que el predio se entregaría para la realización de un proyecto de conservación denominado Parque La Tapera, cuya inversión estimada alcanzaría 9 mil 162 Unidades de Fomento, la que es financiada por una fundación representada por María Paola Luksic Fontbona.

La concesión de uso a título oneroso consiste en el otorgamiento de un derecho especial de uso y goce de un bien de dominio fiscal con un objetivo preestablecido, por un plazo determinado que no podrá exceder de 50 años, y por una renta que se pagará en forma anual.

Bernardo López: "El ministerio de Bienes Nacionales no es propietario, solo es administrador (del territorio)"

Requerida su opinión, el edil de la comuna costera comenzó diciendo a Diario Regional Aysén que la entrega del terreno fiscal a la Fundación La Tapera “es gratuita, porque es una concesión onerosa, es para conservación”. López dijo que se trata de una fundación de derecho privado. “Ellos están haciendo uso de su derecho constitucional nomás, creo que deben vivir en las comunas donde ganó el rechazo (Las Condes, Vitacura, Barnechea)”, afirmó el alcalde en clara alusión a que se trata de gente muy adinerada.

“Por otra parte aquí se aprecia claramente el abuso del Estado chileno, porque este mismo gobierno a pocos meses de asumir con su seremi de Bienes Nacionales notificó a pobladores de Tortel, los que con mucho sacrificio hicieron sus casas, para que desalojaran los terrenos, que son fiscales, y de los que tenemos muchos disponibles para ser ocupados porque necesitamos poblamiento”, aseguró.

López explicó que muchos pioneros, entre los cuales estaban sus abuelos, murieron esperando una solución de saneamiento de títulos de dominio que nunca llegó. “Luego mis padres siguieron en la misma condición, y yo mismo, que también estoy esperando, y así las futuras generaciones que van a seguir esperando si continuamos por este mismo camino que hoy día está tomando el Estado”.

Con todo, el edil reconoció que dentro de las cosas que se puede hacer con la tierra está la posibilidad de entregarla a una fundación de derecho privado para proyectos de conservación, pero que estos sean conocidos por la comunidad, y que Bienes Nacionales realice consultas a los residentes “porque es un terreno de todos los chilenos, es patrimonio nacional en terreno fiscal”.

En tal sentido, sostuvo que el ministerio de Bienes Nacionales no es propietario, sino solo administrador, potestad que recibió del Estado, a la que se añade la función de regularizar su dominio. “Eso es lo que estamos esperando aquí”, por lo que sostiene que “los ciudadanos de Tortel debieran tener el mismo trato que esta fundación (La Tapera), solo pedimos eso”.

No obstante, el jefe comunal desestima que en esta concesión onerosa exista una zona oscura, como un eventual financiamiento irregular de alguna campaña electoral, pero afirma que “en esto hay un cierto privilegio para los que más tienen. No olvidemos que el Servicio de Impuestos Internos le acaba de condonar una deuda millonaria a la empresa Penta. En este caso es lo mismo”.

“Bienes Nacionales está entregando un terreno para conservación, (por ello) quiero informar a todos los ciudadanos que tengan acceso a este medio de comunicación, que solo la comuna de Tortel posee un territorio de más de tres millones de hectáreas, de los cuales casi el 90 por ciento corresponde a áreas silvestres protegidas, y en su categoría de parque nacional, tenemos el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, la Reserva Nacional Katalalixar y el Parque Nacional Laguna San Rafael”.

Del restante 10 por ciento de territorio comunal, el alcalde explica que este se reparte entre propiedades privadas y fiscales, más las altas cumbres inhabitables, solo queda un 3% disponible que se podría ocupar para desarrollar alguna actividad productiva, ya sea forestal, agraria, o de turismo.

“De ese tres por ciento Bienes Nacionales le va a entregar a esta fundación privada estas 10 mil hectáreas; no estoy diciendo que eso esté mal, lo primero es haberlo dado a conocer a la comunidad de Tortel, que tiene una autoridad, un concejo municipal, organizaciones sociales, y sobre todo, que tiene vecinos viviendo en el territorio, con ciudadanos tenemos el derecho a ser informados por la autoridad”, asegura el alcalde.

La queja del edil es por la omisión que ha hecho la autoridad sobre la opinión de los vecinos y un trato discriminatorio. “De la noche a la mañana, entre gallos y medianoche se entrega una concesión de 10 mil hectáreas, mientras aquí se demoran 30 años en entregarle una solución a un vecino de escasos recursos, que no tiene acceso a la información, que está a 500 kilómetros de la oficina de Bienes Nacionales (en Coyhaique), y lo que es peor, de repente Bienes Nacionales manda a un funcionario a que los notifique de desalojo, que abandonen la tierra que están ocupando”.

Ese tipo de situaciones advierte López “hace que nos pongamos en esta duda, qué estará pasando que están desalojando a los vecinos de Tortel, no será que le están vendiendo también a alguien importante terrenos de los que no tenemos idea”, se pregunta.

Asegura que tanto las autoridades comunales como los vecinos no reciben la debida información y que cuando preguntan se les niega, y que solo se enteran por la prensa cuando ocurren las cosas.

Por último, Bernardo López, sostuvo que la su comunidad va a reaccionar. “Es el colmo que nuestro propio Estado nos esté insultando falte el respeto; si se habla de igualdad constitucional, de justicia y derechos, deberíamos tener el mismo trato. Aquí estamos viendo una diferencia bastante grande respecto a esta medida que se está tomando hoy día”.

“Lamentablemente aquí la decisión está tomada por el ministro de Bienes Nacionales, y el Consejo de Ministros también ya decidió. Ahora esto va al Core para que lo ratifique este viernes”, por ello espera que “los dos consejeros de la provincia de Capitán Prat demanden que el gobierno nos dé el mismo trato a los tortelinos (que a los inversionistas fuerinos)”.

Consejeros de la provincia de Capitán Prat se opondrán al proyecto.

“Voy a rechazar, porque considero que no es justo que a viejos nuestros de O’Higgins o Tortel no le den su título de dominio”, fue lo primero que aseguró el consejero de Renovación Nacional Carlos Campos. “No obstante, que nuestra votación no es vinculante”. 

Campos lamentó que “estos que vienen de afuera en un par de semana les tienen todo listo, me parece una falta de respeto; yo socializo con las comunidades. Aquí hubo una falta de respeto a la región completa. (La Fundación La Tapera) Es gente que tiene muchos recursos y vienen a atropellarnos como si fueran nuestros patrones”

Explica que el mayor problema que enfrentan los consejeros en situaciones como la descrita es su voto no vinculante. “Podemos rechazarlo en el Consejo Regional, pero en Santiago de igual manera le dan el paso”.

En rigor, la votación del Core no pasa de ser un mero trámite, “iría con una manchita nomás, si ellos quieren hacerlo lo harán igual. Un artículo del año 1974 determina un plazo de 15 días para pronunciarnos”, al cabo de los cuales de cualquier forma la decisión se aprueba.

Como ejemplo de la centralización de las decisiones que afectan a las provincias, Campos cita como ejemplo las dificultades administrativas que desde su origen enfrentan los comités de vivienda, que pasan por un proceso de compra de terrenos por parte del Serviu, “eso demora tres años, entre los que está metido Bienes Nacionales, más los diez años que debe esperar el comité de vivienda; es una falta de respeto con la gente que va a tener que seguir pagando arriendo por diez años”.

En relación a lo anterior, Carlos Campos sostiene que “desde Benes Nacionales hoy se está afectando a los comités de vivienda de toda la región”, por ello comparte la opinión del alcalde de Tortel en el sentido que este tipo de derechos debiesen estar garantizados por el Estado.

En tanto, su colega democratacristiano Jorge Abello también comprometió su voto en contra de la concesión en favor de la familia Luksic. “Voy a rechazar, no tengo matices”.

Abello, quien confía en los votos de los 14 consejeros regionales, explicó que el ministerio de Bienes Nacionales también puede retractarse de su decisión. “Esto es impresentable porque Bienes Nacionales hace gestiones a espaldas del territorio”, cuestión que ha denunciado en los medios. “Incluso en algunos terrenos de Cochrane y ensectores rurales ha habido ocupación anterior y con solicitudes (de regularización) pendientes, y ellos (Bienes Nacionales) hacen una licitación al mejor postor para proyectos turísticos donde las personas (ocupantes) no tienen ninguna posibilidad de competir con un empresario, o algún inversionista que venga de afuera”.

“Con esto (la concesión en favor de La Tapera) pasa algo similar, Bienes Nacionales trabaja muy secretamente, no lo socializa, sin la participación ciudadana, sin conectarse con la realidad del territorio, sin conexión con los instrumentos de gestión territorial que existen. Un proyecto, por muy buenas bondades que tenga, si no tiene pertenencia local no sirve de mucho”.

La decisión final a nivel regional será tomada este viernes 30 de octubre, cuando el Core le dé luz verde al proyecto o lo rechace, como parece ser que ocurrirá, de acuerdo a lo expresado por los consejeros Carlos Campos y Jorge Abello.