Conflicto de interés y contrataciones irregulares detectó la Contraloría en Coyhaique

Tras analizar los contratos del corral municipal, el organismo fiscalizador instruyó un sumario administrativo y además envió los antecedentes al Ministerio Público.

Una serie de irregularidades, que van desde eventual conflicto de interés hasta falencias en contratos detectó la Contraloría Regional de Aysén, tras fiscalizar el emplazamiento del corral municipal de Coyhaique.

El informe de Investigación Especial N° 80 señala que el contrato de arriendo de los terrenos del corral se efectuó sin la licitación correspondiente, además de no advertir motivos para justificar el trato directo.

En uno de los puntos centrales de la fiscalización, la Contraloría alertó un eventual conflicto de interés durante el proceso de contratación debido a que el asesor jurídico de la municipalidad intervino en diferentes etapas del contrato de arrendamiento del terreno, así como también en la licitación de concesión del servicio, pese a que dicho funcionario mantenía o mantiene “vínculos comerciales con los propietarios de las empresas involucradas en ambos contratos”, señala el informe. Así, la investigación estableció que dicho funcionario incumplió su “deber de abstención”, elementos que “podían comprometer la imparcialidad con que ese servidor debía desempeñar sus labores”.

Por este caso en específico, la Contraloría envió los antecedentes Fiscalía Regional del Ministerio Público, para que se efectúen las acciones que correspondan. En paralelo, se remitió la información a la Dirección Regional de Coyhaique del Servicio de Impuestos Internos, para que se verifique si hubo término de la relación comercial entre el funcionario municipal y la empresa dueña de los terrenos.

Respecto del contrato de concesión del corral municipal de Coyhaique, la Contraloría constató que la concesionaria no cumplió con la instalación comprometida de adoquines en el pasaje aledaño al terreno y advirtió un retraso de ocho meses en la ejecución de dichos trabajos. Por tal motivo, el organismo fiscalizador solicitó al municipio informar en 60 días hábiles sobre la aplicación de la multa correspondiente y su respectivo ingreso a las arcas municipales.

Otro punto que detalla el informe es que la municipalidad efectuó pagos por el arriendo del inmueble entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, sin embargo, no se pudo acreditar que durante ese tiempo se utilizó el terreno.

Por estas irregularidades, la Contraloría instruirá un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades en cada uno de los hechos descritos.