En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 3.532-2020), efectuada este jueves 25 de febrero, la magistrada Cecilia Urbina Pinto ordenó el ingreso de Carrera Arenas al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Puerto Montt, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.
Según el ente persecutor, durante 2019, el imputado y la víctima mantuvieron una relación sentimental de carácter “asimétrico”, toda vez que Carrera Arenas, a dicha época, se desempeñaba como profesor en la Universidad de Aysén y tenía a su cargo una asignatura en la carrera que cursaba la víctima.
En dicho contexto, un día no precisado, la víctima concurrió hasta el domicilio de Carrera Arenas, lugar donde el imputado procedió a someterla por la fuerza y a concretar la violación.
En declaraciones recogidas por Radio Santa María, el fiscal Luis Contreras relató que “los hechos datan del mes de julio del año 2019, la denuncia se efectuó hace aproximadamente hace ocho meses; se han reunido antecedentes suficientes a juicio de la fiscalía para dar por acreditado el delito y la participación del imputado, así se hizo ver ante el Tribunal de Garantía por los antecedentes que obran en la carpeta investigativa”.
“Se trató de una relación sentimental de tipo asimétrico, en la cual la víctima, de acuerdo a los antecedentes, fue instrumentalizada por el imputado, quien la consideraba más que una pareja un objeto; eso se desprende de las propias declaraciones del imputado en la carpeta investigativa, las que se tuvieron en vista a propósito de considerar que esta relación es de tipo asimétrica. Hay que tener en consideración que la víctima tenía que ser evaluada por el imputado", agregó el persecutor.
Tras la ocurrencia de los hechos –a mediados del año 2019– la víctima denunció el ataque sexual frente a las autoridades del plantel universitario, sin obtener la respuesta que esperaba. Fue entonces que la estudiante fue derivada al Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos. “La víctima se ha querellado y cuenta con un abogado que representa sus intereses en la causa, y a la vez, se le ha proporcionado apoyo psicológico durante la realización de todas las diligencias”, aseguró el fiscal Contreras.
Cabe recordar, que respecto a este caso, desde un comienzo las autoridades de la Universidad Aysén han optado por bajarle el perfil, tanto a las manifestaciones de los estudiantes que salieron a pedir la expulsión del claustro del profesor, como a la oportuna entrega de antecedentes a la justicia, sin que hasta hoy exista claridad de la relación contractual entre el imputado y la Universidad.
De hecho, hasta diciembre de 2020 el académico continuaba vinculado a la Casa de Estudios, disponiendo de correo electrónico institucional, el mismo que fue entregado durante su formalización por propio docente al Ministerio Público.
“Hasta este momento desconocemos los antecedentes, a petición de la defensa se requirió una copia de todos los antecedentes que dan cuenta del sumario administrativo que se ha incubado al interior de la universidad; la fiscalía solicitó dichos antecedentes en el mes de diciembre pero todavía no tenemos la copia de los mismos, lo que hoy se ha reiterado a efecto de contar con toda la información”, explicó el fiscal, asegurando desconocer si aún existe vínculo laboral entre Néstor Ítalo Carrera y la Universidad de Aysén.
“Hoy es un día difícil, hoy formalizan a mi agresor; el hombre que más daño causó a mi corta edad y cambió mi vida”, escribió esta mañana en sus redes sociales la estudiante de Trabajo Social agredida por Néstor Ítalo Carrera.
La joven de hoy 23 años, quien reside en el extremo sur de la región, manifestó su confianza en la justicia y se mostró esperanzada en el proceso que hoy enfrenta su agresor sexual. “Mi fe está intacta, esperando que se haga justicia, nunca pensé vivir esta situación”, sostuvo a horas de iniciarse la audiencia de formalización que determinó dejar en prisión preventiva al docente, decretando un plazo de 90 días de investigación.
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