Durante el año 2019, la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Coyhaique inició una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Coyhaique, a través de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que buscó sacar de circulación todas aquellas armas de fuego que no se encontraban regularizadas en cuanto a sus propietarios, tenencia y porte.
Así lo confirmó el jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Robos Coyhaique, comisario Pablo Astorga Valdivia, “con la finalidad de sacar de circulación aquellas que no se encontraban regularizadas, junto a la Oficina de Análisis Criminal Coyhaique, realizamos un análisis de todas aquellas armas de personas que han fallecido y que tenían una inscrita a su nombre, cuyo destino se ignoraba y que no estuvieran regularizadas”.
En ese sentido, el comisario Astorga señaló que al momento de su incautación “las personas que las tenían en su poder estaban cometiendo un ilícito, porque no estaban registradas a su nombre y no estaban regularizadas”, entregándolas de manera voluntaria. Conjuntamente, aclaró que el fin último de la investigación fue “sacarlas de circulación para que no cayeran en manos de delincuentes que las pudieran utilizar en algún tipo de ilícito”.
Incautación
En base a lo anterior y en coordinación con el Ministerio Público, la unidad especializada investigó a todas aquellas personas de la región de Aysén que mantenían armas de fuego inscritas a su nombre y que en la actualidad se encontraban fallecidas. “Con esos antecedentes recorrimos varias localidades de la región y al verificar las armas de aquellas personas fallecidas que no estaban regularizadas ante la autoridad fiscalizadora, se incautaron a sus actuales tenedores, porque no eran sus propietarios y no tenían la regularización de las mismas”, indicó el jefe subrogante de la BIRO.
Los detectives lograron la incautación de un total de 12 armas, cinco de fuego largas entre rifles calibre .22 y escopetas calibre .12 y siete de fuego de puño tipo revólver calibre .38, las que fueron periciadas por personal especializado.
Peritaje
La prueba científica a estas armas de fuego fue realizada por el perito de la sección balística del Laboratorio de Criminalística Regional Coyhaique, Claudio Vallefin Carvallo, quien a través de distintas pruebas y exámenes de funcionamiento tuvo que establecer si estas armas estaban aptas para su uso y si alguna de ellas habría participado en algún ilícito.
El experto en el área concluyó que del total 11 eran aptas para ser disparadas, pues una de ellas presentaba dificultad en su funcionamiento mecánico debido a su antigüedad.
Además, se revisó en el Sistema Integrado de Identificación Balístico (IBIS, por sus siglas en inglés) si alguna de las armas había participado en un hecho delictual anterior, sin embargo, la base de datos arrojó que ninguna de ellas tenía correlación con ilícitos precedentes. Asimismo, se consultó a través de Asesoría Técnica de la PDI a la Dirección General de Movilización Nacional del Ejército si alguna mantenía encargo por robo, dando resultado negativo.
Entrega de armas
Una vez finalizado el peritaje se informaron los resultados al Ministerio Público, a cargo de la investigación, quien a través de una orden de entrega emanada desde la Fiscalía Local solicita la entrega de las armas de fuego a la autoridad fiscalizadora para su destrucción.
Cabe destacar que la investigación data desde mayo de 2019 y actualmente continua vigente con un proceso de análisis criminal e inteligencia policial para sacar de circulación aquellas armas que se van detectando gracias al trabajo investigativo.
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