El Fiscal Regional de Aysén Carlos Palma encabeza diversas diligencias investigativas en el marco de la arista Procultura del caso Convenios, las cuales se efectúan en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío.
Tras autorizaciones judiciales de entrada, registro e incautación, se efectuaron operativos en forma simultánea en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, La Calera, Las Condes y Concepción. En total, cerca de 20 domicilios y entidades públicas, entre los que se incluyó al Gobierno Regional de Valparaíso, Serviu y Seremi de Vivienda y Urbanismo de dicha región, entre otros.
El fiscal regional de Aysén dijo que se ha trabajado directamente con personal de la Fuerza de Tarea del Caso Pro Cultura, de la Brigada Anticorrupción y también con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de las respectivas regiones y personal del Laboratorio de Criminalística.
"La finalidad, insisto, es levantar evidencia que nos permita determinar si aquí ha existido delito o no, y en el caso de existir, determinar eventuales responsabilidades”, aseveró el persecutor penal.
Desde diciembre a la fecha, cuando la investigación fue asignada por la Fiscalía Nacional al Fiscal Regional de Aysén, se han efectuado numerosas diligencias investigativas en las regiones de Ñuble, Biobío y Magallanes y la Antártica Chilena, sumado ahora a Valparaíso y la Región Metropolitana.
Las indagatorias que dirige el Ministerio Público, incluyen a detectives de la Fuerza de Tarea que la PDI creó especialmente para esta causa, con oficiales policiales de la Brigada Anticorrupción Metropolitana, Bridec Metropolitana y de las regiones en que se están llevando a cabo las diligencias, sumado a peritos de Laboratorio de Criminalística Central y el equipo de profesionales de la Fiscalía de Alta Complejidad de Aysén.
Respecto de las cifras involucradas en esta investigación, como parte de los distintos convenios asignados a ProCultura en Chile, ascienden aproximadamente a 6 mil millones de pesos.
Paralelamente, el Fiscal Regional informó que se dio inicio a una segunda investigación por violación de secreto a raíz de filtraciones en algunos medios de comunicación de la resolución del Juzgado de Garantía de Valparaíso que autorizaba las diligencias intrusivas.
La investigación se une a una segunda causa por el mismo tema, pero con autorizaciones de diligencias en la Región Metropolitana emitidas por parte de otro Juzgado. La orden de investigar fue entregada a la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI.
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