Pablo Galilea: “Nunca estuve imputado, a pesar de haber estado en el meollo de la tramitación”

[ENTREVISTA] Exsubsecretario de Pesca defendió legitimidad de la Ley Longueira, sosteniendo que su nulidad no es una facultad que competa al Parlamento.

Patricio Araya González

Luego que en junio pasado el exgobernador Pablo Galilea fuera nombrado Jefe de la División de Gobierno Interior (DGI) del Ministerio del Interior, de inmediato los coyhaiquinos comenzaron a preguntarse de qué se trataba ese nuevo cargo, cuáles eran sus funciones, si ello lo descartaba como el natural reemplazante de la intendenta de Aysén –a quien subrogó en varias oportunidades–; la gente también se preguntaba cuáles eran los verdaderos planes del también exdiputado, o si su traslado a Santiago obedecía a la necesidad de estar más cerca de su esposa, quien se hallaba en tratamiento médico en la capital. 

Con el correr de los meses esas preguntas quedaron en el olvido, debido a que los hechos hablaron por sí solos. Por un lado, el 19 de noviembre último la esposa del jefe de la DGI, Marcia Raphael Mora, renunció al Consejo Regional de Aysén, cargo en el que este viernes 11 de diciembre fue reemplazada por el exconsejero regional y exdiputado (RN) Valentín Solís Cabezas.

Respecto al futuro inmediato de Galilea el paso del tiempo ha obrado a su favor, pues, como se sabe, desde que llegó a La Moneda en junio de 2020, ha tenido la imperdible oportunidad de estar muy cerca de Sebastián Piñera, quien ya lo habría elegido como su Delgado Presidencial en Aysén, puesto que debería asumir el 10 de junio de 2021, junto con el gobernador regional que resulte electo el 11 de abril.

Por ello, este domingo Diario Regional de Aysén logró conversar vía telefónica con él, mientras aterrizaba en el aeropuerto de Temuco, oportunidad en la que también fue consultado por otros temas, como la eventual nulidad de la Ley Longueira, normativa que el martes 24 de noviembre último ya tuvo su primer revés en la Cámara Baja, cuyos miembros aprobaron en general el proyecto que la declara nula.

-¿Qué piensa usted de la decisión de la Cámara de Diputados de anular la Ley Longueira?

-Primero, es una cuestión inconstitucional, no es una atribución de los parlamentarios, y tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional; segundo, está comprobado que fue hecha para recuperar los recursos pesqueros. Dada la ley anterior, se venían extrayendo de manera exagerada, lo que tenía a muchos recursos en situación prácticamente de colapso. Lo que hizo esta ley fue precisamente regular (la materia), mediante la instalación de un comité científico para que las decisiones de la administración pesquera sean tomadas con criterio técnico, y no político-electoral como muchas veces ocurría en la ley anterior, donde los propios incumbentes se fijaban las cuotas, o se fijaban las vedas. Ahora lo hacen los científicos.

-A su juicio, entonces, fue una buena ley…

-Dio estabilidad al sector, (lo que) les permite realizar inversiones y que eso trae generación de trabajo en muchas regiones de Chile, entre otras, en Aysén; prueba de ello es que la principal empresa pesquera de la región compartió la propiedad de la empresa a través de una cooperativa con sus propios trabajadores, y esto es precisamente para establecer una correlación entre capital y trabajo, y de esta manera fortalecer la sustentabilidad de la industria y del sector pesquero.

“Creo que aún tiene que correr mucha agua bajo el puente, pero a mí no me parece una buena idea anularla; es posible que existan algunos espacios para hacerle modificaciones, pero la anulación de la ley en su conjunto me parece que es dejar en tierra de nadie un sector importante de la economía, generar inestabilidad. En estos tiempos lo que requiere  país para recuperar la senda del crecimiento después de la pandemia, es certeza y estabilidad. La anulación de una ley de un sector tan importante no contribuye a eso”.

-En el marco del caso Corpesca usted prestó declaraciones en calidad de testigo frente a la fiscal Ximena Chong ¿temió ser imputado?

-Para nada. A Dios gracias. Nunca estuve imputado, a pesar de haber estado en el meollo de la tramitación de la ley, no hubo nada que se me reprochara. 

-Si bien es cierto que usted no ha sido acusado de tener responsabilidades penales en la tramitación de la ley, ¿asume su corresponsabilidad política en ese proceso legislativo? 

-Obviamente. Lógico, tengo responsabilidad política. Nosotros ayudamos a sacar adelante la ley, fue aprobada por amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por diputados oficialistas y de oposición. Muchos diputados socialistas, del PPD, de izquierda votaron a favor de la ley, lo mismo en el Senado.

En relación a la inminente designación de la exseremi de Vivienda de Aysén (RN) Ana María Mora como seremi de Bienes Nacionales, el jefe de la DGI declinó referirse al asunto. Cabe recordar que durante esta administración él mismo ha mediado en la designación de militantes de su partido en importantes cargos regionales. Así, alentó la llegada del exseremi Alejandro Escobar, y tras el mediático incidente con la dirigentas sociales de Tortel, defendió su permanencia en el cargo. 

-¿Está de acuerdo con el arribo de Ana María Mora a la Seremía de Bienes Nacionales, en reemplazo de Alejandro Escobar?

-No me corresponde pronunciarme, para eso la intendenta y el partido Renovación Nacional tendrán que opinar sobre esa materia, pero a mí no me compete. 

-¿Su esposa, la señora Marcia Raphael será la candidata a diputada de Renovación Nacional por el distrito, o será candidata a constituyente?

-Es una decisión que ella tendrá que tomar, ella es bastante grande e independiente como para que tome sus propias decisiones; aún no está nada resuelto.

-¿Usted va a ser Delegado Presidencial en Aysén?

-No, no. (La pregunta lo sorprende). Ni idea, no, no, por ningún motivo. No, porque yo tengo acá (como jefe de la DGI) una responsabilidad importante que sacar adelante, y esa es una decisión que tiene que tomar el Presidente de la República; yo voy a estar donde él me diga.

-Si el Presidente lo nombra Delegado Presidencial ¿usted asumiría ese cargo?

-No creo que el Presidente tome esa decisión.

-Pero, sí él tomara esa decisión, ¿usted asumiría?

-No creo que el Presidente tome esa decisión.

-¿Cómo están sus relaciones con el candidato a gobernador regional de su partido, Raúl Rudolphi?

- Excelentes.

-¿Usted confía en que él pueda ser el gobernador regional?

-Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que lo sea, creemos que él es el más preparado, el más serio, el que mejor puede conducir los destinos de la región.

-A Nicolás Crisóstomo lo estaban poniendo en la terna para seremi de Bienes Nacionales, sin embargo él quiere ser concejal ¿qué piensa de su discípulo más joven?

-Me encantaría que fuera concejal de Coyhaique. Yo tenía la misma edad (25 años) cuando fui elegido por primera vez concejal de Coyhaique. Creo que se requiere gente joven, con entusiasmo, profesionales, con ideas. Nico sería un tremendo aporte al municipio.

Un poco de historia…

Como es sabido, desde su génesis la Ley 20.657 –conocida como Ley de Pesca o Ley Longueira– fue objeto de duros y permanentes cuestionamientos, tanto por sus implicancias económicas sobre el mercado de la pesca industrial –por privilegiar a un determinado sector de la industria, como también por sus alcances sociales sobre el sector de la pesca artesanal–, ya que durante su tramitación se introdujeron de manera indebida indicaciones que determinaron su redacción y tenor finales, afectando su posterior legitimidad.

En ellas tuvieron un rol preponderante algunos parlamentarios de la época, junto a otros actores de la industria pesquera, que luego fueron formalizados por haber recibido sobornos de las empresas que buscaban verse beneficiadas con la nueva norma, entre ellos, el exsenador (UDI) Jaime Orpis y la exdiputada (UDI) Marta Isasi, quienes el miércoles 2 de diciembre último fueron notificados del veredicto mediante el cual la Sala del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago los declara culpables de delitos de cohecho por haber recibido dinero de parte de la empresa CORPESCA S.A., la que a su vez también fue condenada por el delito de soborno.

(LEA AQUÍ NOTA RELACIONADA).

Cabe recordar que durante la tramitación de la referida ley, entre los años 2010 y 2012, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, el ministro de Economía era el exsenador (UDI) Pablo Longueira, mientras que el actual jefe de la División de Gobierno Interior del Ministerio del Interior (DGI), el RN Pablo Galilea, se desempeñó como subsecretario de Pesca, entre 2010 y 2014. 

Para entonces, Galilea se mostraba muy expectante y entusiasmado con la naciente ley. “No tengo duda que entre todos conseguiremos sacar la mejor ley de pesca para Chile”. (13/4/12, Diario Aysén).

Seis días después de presentado el proyecto de nulidad de la Ley Longueira por parte del PC, el propio Pablo Galilea calificó esa acción en ADN Radio como de "un populismo irresponsable", asegurando que “la situación anterior era mucho mejor para los industriales que ahora". 

En tal sentido, el ahora jefe de la DGI argumentó que "la Ley de Pesca busca la recuperación de las pesquerías, la sustentabilidad de los recursos pesqueros que estaban absolutamente deteriorados, producto de la administración que se venía realizando durante 20 años". Convencido del verdadero sentido de la nueva normativa, sostuvo: “La Ley de Pesca anterior era muchísimo más mala que esta”, (ADN Radio, 22/1/16).

Con ocasión de la investigación en contra del exsenador Jaime Orpis por el caso CORPESCA, el nombre de Pablo Galilea llegó a la prensa: “Ex subsecretario de Pesca de Piñera aparece involucrado en Corpesca”. Así lo consignaba DiarioUchile (16/11/15), dando cuenta que Galilea “habría intercambiado información con el ex gerente general de la compañía, Francisco Mujica”.

Luego, el portal añade que “en el marco de la investigación judicial se revelaron correos electrónicos de la asesora jurídica de la Subsecretaría de Pesca, María Alicia Baltierra –quien tras la promulgación de la referida ley prestó servicios a CORPESCA–, con copia al entonces subsecretario Galilea, en los que trataban temas importantes de la nueva Ley de Pesca”. (DiarioUchile, 16/11/15).

En relación a lo anterior, en diciembre de 2015 Pablo Galilea prestó declaración en calidad de testigo frente a la fiscal Ximena Chong, quien por entonces buscaba establecer los vínculos entre Galilea y la empresa CORPESCA S.A., tras descubrir correos electrónicos entre él, en su calidad de subsecretario de Pesca, y el entonces gerente de la empresa, Francisco Mujica. (24Horas.cl, 4/12/15).

En relación al lobby en torno a la tramitación de la Ley de Pesca, Galilea declaró a CNN Chile que “todo el mundo” realizó gestiones, esto porque era un “rompecabezas muy difícil de sacar adelante”. Respecto a las gestiones que diversas organizaciones emprendían en ese entonces con el propósito de declarar la nulidad de la normativa, el exsubsecretario sostuvo: “Hoy se juntaron intereses económicos de empresas que no quedaron conformes con la ley”. (CNN Chile, 16/6/15).