El efecto dominó que podría causar nulidad de Ley Longueira en RN Coyhaique

[REPORTAJE] Ex subsecretario de Pesca Pablo Galilea y sus cercanos podrían verse muy perjudicados en sus aspiraciones electorales debido al rol que él tuvo en la tramitación de la ley, entre 2010 y 2012.

Patricio Araya González

El 6 de enero de 2016 los diputados del Partido Comunista de Chile Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez ingresaron a la oficina de partes de la Cámara de Diputados una moción legislativa, cuyo artículo único decía: “Declárese insaneablemente (sic) nula la ley 20.657”. 

Lea en este reportaje de Diario Regional Aysén los alcances que podría tener una eventual nulidad de la Ley Longueira en la región de Aysén. 

En su parte medular, el proyecto de nulidad sostiene que “de las veintiuna pesquerías presentes en nuestro país, podemos asegurar que al menos dieciocho son dominados por un grupo de nueve empresas (ocho chilenas y una de capitales nipones). Estamos hablando de las empresas CORPESCA, CAMANCHACA, BLUMAR, ORIZON, SAN ANTONIO, ALIMAR, DERIS, EMDEPES Y GRIMAR”.

En el contexto de su tramitación la moción explicaba que “las últimas evidencias, públicamente conocidas, demuestran que existieron comunicaciones entre el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, el ex subsecretario de Pesca Pablo Galilea, y la asesora jurídica de la Subsecretaría de Pesca, María Alicia Baltierra O’Kuinghttons, los que se encuentran siendo investigados por la Fiscal Ximena Chong. Esto dejaría al descubierto la influencia del grupo Angelini en la elaboración del proyecto enviado por el Ejecutivo y, por otra parte, confirmaría la participación asimétrica de los actores del sector pesquero en la elaboración del proyecto. Esta situación, ha puesto en tela de juicio la Ley 20.657, también denominada "Ley Longueira", debido a que ha sido obtenida mediante presiones de las grandes empresas y también, de acuerdo a lo que investigan los tribunales, mediante coimas y sobornos, lo cual viola la soberanía popular la que ha sido alterada por estas prácticas constitutivas de delito”.

Por ello, y entre otras consideraciones, “la Ley de Pesca debe ser declarada nula porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad”, concluye la moción de los diputados comunistas.

A buen entendedor, pocas palabras. Cuatro años después, tras superar su primer trámite legislativo, este martes 24 de noviembre la Cámara Baja aprobó en general el proyecto que declara nula la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Así, por 81 votos a favor, 46 en contra y doce abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que “declara insaneablemente nula la norma vigente que vino a reformar la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones”.

Cómo votaron los diputados de Aysén

El martes 24 de noviembre la legisladora (RN) Aracely Leuquén Uribe votó en contra la iniciativa; en tanto, su colega, el independiente René Alinco Bustos le dio su respaldo, votando a favor la nulidad de la Ley de Pesca. Por su parte, el diputado democratacristiano Miguel Ángel Calisto no sufragó por encontrarse ausente de la sesión, al igual que otros siete diputados. (Ver VOTACIÓN).

El nudo gordiano de Pablo

De aprobarse en el Congreso Nacional la nulidad de la Ley Longueira, cuestión que este martes 24 de noviembre pasó su primer trámite legislativo –restándole una segunda instancia a través del variopinto Senado, y el consabido tira y afloja en el Tribunal Constitucional–, el tres veces diputado (1998-2010), exgobernador de Coyhaique (2018-2020) y desde junio del presente año jefe de la División de Gobierno Interior Pablo Galilea, podría enfrentar algunos contratiempos políticos, toda vez que los legisladores que patrocinan la moción de nulidad también podrían perseguir las responsabilidades políticas de su exjefe, el exministro de Economía Pablo Longueira, quien es el responsable ulterior de la gestación de la ley que rediseñó la industria pesquera en Chile, y bajo cuyas órdenes a Pablo Galilea le cupo un rol clave como subsecretario de Pesca. 

(LEA AQUÍ ENTREVISTA A PABLO GALILEA).

Que Pablo Galilea haya declarado como testigo ante la fiscal Chong en la causa CORPESCA, no lo inculpa en algún ilícito, sin embargo, tras haberse establecido este 2 de diciembre las respectivas responsabilidades penales en dicho caso, que afectaron de manera sustantiva la legitimidad de la Ley 20.657, al ser esta objeto de actos de corrupción, y de aprobarse la definitiva nulidad de ella, los actores que incidieron en su tramitación, entre ellos, el propio Galilea, podrían ser cuestionados desde un punto de vista ético por la ciudadanía, respecto a la confianza que generen sus conductas políticas, en tanto partícipes de un cuestionado proceso legislativo.

Así, al menos, lo piensa el abogado Mauricio Daza Carrasco –querellante en varias causas relacionadas con el financiamiento ilegal de la política, como Penta y SQM–, quien en una reciente entrevista con Tehuelche Noticias sostuvo que “Pablo Galilea es responsable al menos políticamente”. Ello, tras conocerse el fallo del caso CORPESCA que condenó, entre otros, al exsenador Jaime Orpis por delitos de cohecho y fraude al fisco.

Daza sostuvo que Pablo Galilea, “también apareció mencionado en el contexto de la investigación de Asipes, que es esta asociación de pescadores industriales del Biobío; además de haber sido un pésimo político y un lamentable subsecretario Pablo Galilea estuvo detrás de esta normativa, a pesar de que no enfrentó cargos penales”, precisó el jurista.

El abogado integrante de Fundación Ciudadano Inteligente fue más allá en su crítica contra el exsubsecretario de Pesca: “La situación de Pablo Galilea es un ejemplo de un fenómeno que lamentablemente está detrás de todos los abusos que se han concretado durante los últimos treinta años, que es el fenómeno de la impunidad; acá las autoridades pueden hacer lo que se les venga en gana, lo que se les antoje, pueden estar involucrados en actos que son absolutamente impresentables, pueden ser políticos tremendamente mediocres, como lo es Pablo Galilea”, manifestó en la entrevista. 

“Sin embargo, hoy lo tenemos (a Galilea) en un alto cargo en el gobierno; la verdad es que estos señores se van reciclando vez tras vez. Es una cosa realmente impresentable. A esto hay que ponerle término. La cultura de la impunidad se define a partir de la inacción de la ciudadanía”, sentenció Mauricio Daza (Facebook de Tehuelche Noticias, 11/12/20).

Tras el estallido social de octubre de 2019, y la consiguiente decisión ciudadana de darse una nueva Constitución, así como la determinación de la Cámara de Diputados de anular la Ley Longueira, el mundo político ha tomado debida cuenta que los ciudadanos también decidieron entrar en las grandes discusiones que los afectan. Las personas hoy se informan mejor, de manera que a nadie debiera sorprender que los políticos que pretendan representarlas, deban someterse a mayores estándares de confianza y credibilidad.

Así las cosas, el propio exsenador Pablo Longueira hoy se encuentra contrariado a raíz de su implicancia en el caso SQM por el financiamiento ilegal de la política, en el cual deberá declarar en los próximos meses, habiéndose visto ya privado de sus derechos electorales que le impidieron participar en la última elección interna de la UDI, sin considerar los efectos políticos que podría tener sobre su futuro una eventual nulidad de la ley que lleva su nombre.

También Pablo Galilea podría verse entrampado en este nudo gordiano que amenaza con enredar su corral, partiendo por sus propias pretensiones de convertirse en Delegado Presidencial, un cargo designado por el Presidente de la República en reemplazo del actual intendente, y que entrará en funciones el 10 de junio de 2021, tras la elección del Gobernador Regional, y para el que Pablo Galilea ya habría sido timbrado por Piñera para asumir en la región de Aysén.

Junto con las ilusiones del jefe de la DGI también podrían verse frustradas las pretensiones electorales de su esposa, Marcia Raphael Mora –ex seremi de Gobierno en Piñera 1–, quien en noviembre renunció al Consejo Regional de Aysén –cargo en el que fue reemplazada por el exdiputado Valentín Solís– para ser la carta de Renovación Nacional con miras a retener el escaño, que por razones de salud el próximo año dejaría libre la diputada Aracely Leuquén, o en su defecto, postular como constituyente.

Otra afectada directa, aunque no de manera inmediata, sería la prima hermana de la esposa del jefe de la DGI, Ana María Mora Araneda, quien es la más probable ocupante del cargo de seremi de Bienes Nacionales, “un cupo RN”, como aseguró a Diario Regional Aysén la diputada Aracely Leuquén. Mora debiese ser ratificada en las próximas horas, dada la urgencia planteada por los funcionarios de esa Seremía. No obstante, la designación de un RN no estaría del todo garantizada, ya que los dos anteriores, no han dejado conformes a las autoridades regionales, por lo que la UDI podría entrar al baile. 

Desde Renovación Nacional, Ana María Mora –exgobernadora de Capitán Prat (en Piñera 1), exseremi de Vivienda (en Piñera 2), expresidenta de RN Aysén, ex abanderada de RN en la reciente primaria municipal de Coyhaique– ha construido y sostenido su propia red familiar dentro del gobierno. 

En efecto, ella es la madre de la directora regional de ProChile Aysén, Pamela Flores Mora, quien para irse a su nuevo trabajo debió renunciar al Servicio Nacional del Consumidor, dejando durante un tiempo como su reemplazante a la pareja de su hermano, Carlos Flores Mora, quien a su vez está contratado por el programa de Recambio de Calefactores, en la Seremía de Medio Ambiente, cuya titular también es militante de Renovación Nacional.

Un tercer, aunque marginal afectado por el efecto dominó por la posible nulidad de la Ley Longueira, podría ser el vástago más novel del corral Galilea, Nicolás Crisóstomo Muñoz, joven profesional que desde su puesto de jefe de gabinete del gobernador provincial de Coyhaique –el abogado Víctor Oyarzún– pretende llegar al Concejo Municipal de Coyhaique, luciendo la tricota de Renovación Nacional.

Una cuarta afectada podría ser la actual seremi de la Mujer y La Equidad de Género, Magali Pardo Jaramillo, una disciplinada militante de RN muy cercana a Mora, quien es titular de un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social, en la misma condición que el vínculo que Ana María Mora mantiene en el Gobierno Regional de Aysén: planta congelada, es decir, se trata de dos cargos públicos a los que ambas pueden regresar cuando estimen conveniente.

Un quinto potencial afectado por los “coletazos” que la posible nulidad de la Ley Longueira podría provocar en Coyhaique es el consejero regional Raúl Rudolphi Altaner –tal vez el más díscolo del potrero–, quien acaba de ganar en las urnas su derecho a representar a Chile Vamos en la elección de Gobernador Regional el próximo 11 de abril.

De ganar esa elección y de confirmarse la designación de Galilea como Delegado Presidencial, ambos podrían llegar el jueves 10 de junio de 2021 a asumir sus respectivas funciones, juntos como hermanos, miembros de la misma iglesia, para comenzar el inevitable juego de quitarse el mantel de la mesa uno a otro, como se prevé que será esa relación Gobernador/Delegado en cada una de las regiones. 

Con todo, de perder la elección del 11 de abril, Rudolphi podría ser recompensado con el puesto de Delegado Presidencial, sobre todo si Galilea termina corrido en la foto, tras la posible nulidad de la Ley Longueira.

Galilea y Rudolphi no son amigos, todo el mundo lo sabe; por el contrario, representan las dos almas de RN en Aysén, el primero responde a la tradición derechista más conservadora; el segundo, más liberal, oriundo de Osorno, exseremi de Agricultura en Piñera 1, con más ganas que habilidades políticas para liderar la región. Ambos se encuentran en las antípodas del partido, en medio de una lucha de egos por el control de las huestes patagonas, a vista y paciencia de “un presidente invisible del partido”, que no sabe a quién obedecer, si al propio Galilea, a la expresidenta Ana María Mora, o a la diputada Aracely Leuquén.

No obstante, si es que la nulidad de la Ley de Pesca le estalla en la cara al exsubsecretario, de cualquier forma el consejero podría verse alcanzado por las esquirlas en su afán de convertirse en gobernador regional, por el solo hecho de habitar el mismo rancho. Cuando llueve, todos se mojan. 

Por estos días fuertes críticas internas arrecian desde el extremo sur de la región contra Pablo Galilea, luego que “sin debate alguno”, este le cediera el cupo RN al actual alcalde independiente de O’Higgins, Roberto Recabal, para repostular por esa comuna, decisión que caldeó los ánimos en las filas del partido, calificando la decisión de Galilea como “una maniobra de facto”. 

¿Acaso con ello el jefe de la DGI pretende desalentar la tentación de Recabal de ir por el municipio de Coyhaique, luego que miembros de RN disconformes con el resultado de la primaria se mostraran dispuestos a apoyarlo en desmedro de Eugenio Canales?

Así es la política, así es la política patagona, que se cuece con la lentitud de un cordero al palo, y en la que las cosas suelen resolverse al calor de un mate amargo; una política extraña y silente; narrada en clave de pueblo aventurero, donde casi siempre pagan justos por pecadores.