Crean mesa de trabajo para avanzar en proyecto de integración social y urbana

La Comisión de Vivienda y el Ministerio formarán una mesa de trabajo donde se revisarán materias que despertaron dudas entre ellas, la fusión entre el MINVU y el Ministerio de Bienes Nacionales.

Stand By. Así se encuentra el proyecto que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana que está siendo estudiado en segundo trámite por la Comisión ad hoc del Senado.

Luego que los legisladores de esta instancia se reunieran con el titular de la cartera, Cristián Monckeberg, se acordó que el Ejecutivo presentará una indicación sustitutiva para reemplazar su contenido por uno que genere mayor consenso entre los actores implicados.

Cabe consignar que desde septiembre, la Comisión de Vivienda y Urbanismo ha estudiado las ideas matrices del texto y recibido a diversos actores, muchos de los cuales han mostrado más de una duda frente al texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite.

La propuesta iniciada en mensaje, busca mejorar los niveles de integración social y urbana de las ciudades y lograr un adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país. Para ello, se pretende aumentar la construcción de viviendas sociales con integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano y modernizar la gestión del MINVU.

No obstante, urbanistas, académicos y distintas agrupaciones de la sociedad civil se han manifestado en contra argumentando que con la aprobación del proyecto se pasaría por sobre los instrumentos de planificación urbana, beneficiando más al sector inmobiliario que a familias que requieren una vivienda. La inquietud apunta a que se podrían construir grandes edificios con una cuota menor de inmuebles sociales, que no harían una diferencia.

Dado lo anterior, el presidente de la Comisión, el senador David Sandoval más los integrantes de ésta acordaron junto con el asesor del ministerio, conformar una mesa de trabajo con los asesores de los congresistas, de manera de conocer la propuesta que está elaborando el Gobierno considerando las quejas que ha recibido el texto original. La idea es haber viable alguna alternativa real de integración social y urbana.

Asimismo se acordó terminar la fase de audiencias recibiendo al Contralor de la República. En la sesión del martes 17 de diciembre, día en que formalizó congelar la tramitación a la espera de una indicación sustitutiva, fueron escuchados representantes de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales y la Asociación de Comités de Allegados Los Sin Tierra.

El texto original plantea, entre varias medidas, que alrededor de ejes estructurantes de la ciudad (líneas de metro, áreas verdes y servicios) se establecerían zonas donde hubiese incentivos para que las inmobiliarias construyeran con mayor densificación que la permitida por los planes reguladores comunales y el metropolitano. Esto, siempre y cuando las empresas edificaran proyectos que aseguraran la convivencia de familias vulnerables y de clase media.

En los ejes estructurantes se podrían definir polígonos de integración urbana donde se podrá densificar más de lo permitido por el plan regulador si consideraba una cuota de viviendas sociales. También el proyecto permitiría concesionar terrenos fiscales a privados para que construyeran y administraran inmuebles donde un porcentaje de las viviendas fueran habitadas por familias con subsidios; como así también impulsaría más control a viviendas sociales y flexibilidad en plazos para venderlas si el comprador también tenía subsidio.

Trece académicos del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) UC elaboraron un documento donde tildaron el proyecto de 'centralista e impositivo' ya que, además de superponerse a los niveles de planificación, no precisaba cómo participarían los gobiernos regionales y municipales pensando en la equidad territorial.

Otro de los aspectos cuestionados dice relación con la fusión que se contemplaba del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el de Bienes Nacionales para crear el Ministerio de la Ciudad y Vivienda, lo que se ha puesto en duda por su falta de efectividad y pertinencia. Y desde lo conceptual, urbanistas aseguran que el proyecto confunde integración social con acceso.

El senador Sandoval reconoció que “hay cosas que no tenía sentido tener agrupadas en el mismo paquete” añadiendo que “lo que se va a hacer es un nuevo proyecto, que profundice más en materia de integración social y urbana”. De hecho, adelanta que “lo más probable es que haya una indicación sustitutiva”', que implica no perder el avance de la tramitación, pero generar un nuevo escrito.

En la misma línea, el senador Carlos Montes comentó que “no estaban claros los objetivos del proyecto, por lo cual le hicimos ver al ministro que por qué no elaboraba y proponía una batería de iniciativas de integración social diversas, pero que apunten en el mismo sentido de la integración. Todo este sistema (propuesto en la iniciativa), que era bien engorroso, buscaba legislar para muchos tipos de perímetros o espacios del país y no había ninguna certeza de que apuntara al objetivo real”.

A su vez, la senadora Carmen Gloria Aravena fue quien solicitó formalizar las negociaciones. “Creo que no se puede desperdiciar el trabajo que hemos desarrollado estos meses. Una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y nuestros asesores es clave para avanzar realmente, tal como lo hicimos con el proyecto de copropiedad inmobiliaria”, hizo ver.