Coyhaique tuvo primera audiencia con video entrevista para proteger a menores

Víctima prestó declaración a través de un intermediario acreditado desde una sala especial, respondiendo las consultas de la defensa, fiscalía y los tres jueces que integraron la sala del tribunal

En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Coyhaique se desarrolló ayer –miércoles 15 de octubre- la primera audiencia bajo la modalidad de la Ley de Entrevista videograbada para niños, niñas y adolescentes víctimas, que entró en vigencia en la región de Aysén el pasado 3 de octubre.

Se trató de un juicio oral por el delito de abuso sexual de adolescente, en el que la víctima prestó declaración a través de un intermediario acreditado desde una sala especial, respondiendo las consultas de la defensa, fiscalía y los tres jueces que integraron la sala del TOP de Coyhaique.

Al respecto, la jueza presidente del tribunal, Mónica Coloma, sostuvo que "se llevó a cabo la primera declaración judicial de la víctima, en este caso de una adolescente, con la participación del intermediario, que fue una profesional acreditada del Ministerio Público, por lo que el traspaso de preguntas fue relativamente sencillo, los intervinientes participaron con sus consultas de manera adecuada, pues ellos están en conocimiento de los tipos de preguntas que se pueden hacer y los límites que se deben tener presentes para evitar la revictimización".

"Como evaluación, la diligencia estuvo bien realizada, cumplió su objetivo y claramente siempre podemos ir mejorando, en la medida que se vayan realizando más juicios y vayan participando nuevos intermediarios, haciéndolo más fluido, siempre pensando en el beneficio de los niños, niñas y adolescentes, y así evitar su revictimización", indicó la magistrada. 

Destacar que esta nueva normativa contempla importantes cambios en la regulación del procedimiento de investigación y juzgamientos de casos que involucren a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, incorporando, por ejemplo, la figura de un intermediador en juicios orales y el uso de recursos técnicos para minimizar la revictimización de los menores de edad.