En el contexto de las actividades de fiscalización realizadas por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en la región de Aysén, en el área de Acuicultura durante el primer semestre de 2022, el ente fiscalizador informó que se llevaron a cabo 15 campañas de trabajo embarcadas junto a otras acciones de carácter documental y remoto.
Tras lo anterior, se detectaron incumplimientos en el 18% de las fiscalizaciones, las que dieron pie a cursar cuatro citaciones a tribunales, 14 a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y 104 incumplimientos menores.
Durante 2022, el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén ha dictado 10 sentencias condenatorias por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura y su normativa anexa, a raíz de los procedimientos iniciados por Sernapesca de Aysén en materia de acuicultura, las que a la fecha se encuentran firmes y ejecutoriadas, es decir, no procede recurso alguno en su contra, debiendo los denunciados proceder al pago de las multas ordenadas por el tribunal, que en su conjunto alcanzan la suma de $167.637.744.
Dentro de estas multas, destaca la que condenó al titular de Exportadora Los Fiordos, sancionado al pago de 2.250 UTM ($131.058.000) a julio 2022, por conductas asociadas a mal manejo de mortalidad de salmones, materia de alta relevancia dado su potencial de afectación a la sustentabilidad de la actividad acuícola regional.
Además, con fecha 12 de julio el tribunal dictó sentencia condenando al titular Cultivos Yadrán S.A., por incumplir la normativa establecida en el Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de Caligidosis, infringiendo las disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA).
Por dicho incumplimiento, debió pagar una multa de 500 UTM ($29.124.000), por haber entregado información falsa sobre la fecha de inicio del tratamiento antiparasitario, además de una multa de 50 UTM ($2.912.400), por haber realizado tratamiento de inmersión sin previa autorización de Sernapesca.
Cristián Hudson, Director Regional de Sernapesca Aysén, señaló que el resultado sancionatorio es una última etapa del proceso de fiscalización que las distintas instituciones con facultades legales ejercen sobre a actividad acuícola, para velar por el adecuado control de las distintas normas que las rigen.
“Las sanciones resueltas hoy por los tribunales, buscan generan un desincentivo al ejercicio de malas o inadecuadas prácticas, pero a la vez son elementos claves a analizar por la propia industria a objeto generar las estrategias de mejoras necesarias para aportar a la sostenibilidad de la actividad acuícola regional y nacional”, dijo.
Y puntualizó que: "Por nuestra parte continuaremos aplicando diversas estrategias de fiscalización, con énfasis en aquellas materias de mayor impacto para la sustentabilidad de la acuicultura y los territorios costeros", explicó Hudson.
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