La Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín, calificó como un gran anuncio y un desafío el “Plan de Emergencia Habitacional” del Gobierno.
La estrategia busca abordar con sentido de urgencia el déficit de viviendas que presenta nuestro país y es parte de la nueva Ley de Integración Social y Urbana, aprobada por el Congreso en marzo pasado.
La seremi que en entre los principales objetivos del plan está recuperar el rol central del Estado en la planificación y gestión habitacional, junto con entregar 260 mil viviendas durante el periodo de gobierno a nivel nacional y más de mil 200 a nivel regional.
En ese sentido, enfatizó en que el objetivo es fortalecer diversos instrumentos como el derecho a la vivienda digna, considerando conceptos claves para el Gobierno como el enfoque de género, la descentralización, la participación y la planificación, entre otros.
“Como ha dicho nuestro ministro Carlos Montes, hoy existe una demanda habitacional en el país de casi 650 mil viviendas, una realidad compleja que se hace evidente en todas las regiones y que debemos afrontar son seriedad y responsabilidad", dijo la seremi Ruz.
“Para eso debemos considerar las necesidades y realidades de cada comuna, y trabajar con los actores públicos y privados, porque en esto todos tenemos responsabilidad”, agregó.
La autoridad regional destacó que cree firmemente en el derecho a la vivienda como paso fundamental para seguir superando las desigualdades y mejorar la vida de las familias.
"Por eso hoy más que nunca comprometemos nuestro mejor esfuerzo para cumplir estos objetivos y los sueños de nuestra comunidad”, señaló.
La seremi Paulina Ruz recordó que el Plan de Emergencia Habitacional ha sido un trabajo desarrollado organizada y colaborativamente con los equipos ministeriales y las regiones, analizando la realidad de cada comuna.
La idea es que en la implementación posterior al plan se pueda representar a las propias comunidades, que serán las receptoras de todo el proceso.
Entre las claves del Plan de Emergencia Habitacional se incluyen:
Recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional, entregar 260 mil viviendas durante el periodo de Gobierno, impulsar proyectos en todas las comunas del país y asegurar equipamiento social.
Robustecer el Banco de Suelo Público, diversificar formas de acceso a la vivienda, como autogestión, cooperativas e impulso al arriendo a precio justo, relaciones más directas con los ciudadanos y gobiernos locales, y procesos de producción habitacional más eficientes, modernos y sostenibles.
Precisó la autoridad regional que en el plan también se abordan otras preocupaciones como la movilidad habitacional o el alto precio de los arriendos.
Asimismo, agregó, el Plan de Emergencia Habitacional define objetivos y metas anuales por región y comuna, junto con establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de sus avances, los que se reportarán periódicamente al Congreso.
“Es importante entender que las soluciones no vendrán de la noche a la mañana, que hay un gran trabajo por delante y para hacia allá enfocaremos todo nuestro esfuerzo y dedicación", sostuvo la autoridad.
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