Con una presentación ante la oficina regional de la Superintendencia del Medio Ambiente, organizaciones socioambientales de Aysén pidieron que diversas subdivisiones prediales sean ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El argumento que defienden es el incumplimiento de la letra g del artículo 3˚ del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que señala que deben someterse al organismo los “conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a 80 viviendas” en cualquiera de sus etapas, susceptibles de causar impacto ambiental.
El trámite fue presentado por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y la Agrupación Aysén Reserva de Vida para solicitar la evaluación ambiental de 33 subdivisiones prediales, que cuentan con certificado vigente del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) entregados entre 2016 y enero de 2022.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la ONG Fima, destacada organización especializada en protección socioambiental.
El presidente de la Agrupación Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, expresó que la subdivisión de mega lotes, que se realizó de forma desregulada y sin control estatal, tiene un alto impacto para los ecosistemas de Aysén y los servicios que requieren las comunidades.
“Estamos poniendo en riesgo muchas cualidades de nuestro Aysén, reserva de vida, y por otro lado, ellos hacen un muy buen negocio y externalizan todos sus problemas", según Hartmann.
"Después vamos a empezar con las pedidas al Estado, como por ejemplo el agua potable rural, a sacarle el agua a los demás, electrificación, el camino. No es menor el problema del cambio de subsuelo que está produciendo en gran escala en la región” señaló Hartmann.
El presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Erwin Sandoval, señaló que esto se ajusta a lo señalado por el Reglamento del SEIA.
“Hemos hecho una investigación desde el año 2016 a la fecha y al minuto estamos denunciando estos 22 mega proyectos de loteo que consideran más de 80 lotes. Nuestra legislación ambiental establece que los proyectos de urbanizaciones en suelos tienen que ser sometido al Sistema de 80 lotes”, indicó.
La gobernadora regional, Andrea Macías, respaldó la medida abogando que las definiciones territoriales en Aysén se adopten de manera planificada y con participación.
"Se están vendiendo los terrenos de la Patagonia sin realizar estudios de capacidad de carga de agua, de abastecimiento, de humedales. Ponemos en riesgo, finalmente, a la población que históricamente ha estado habitando en estos lugares… No hay un cuidado a cómo resguardamos el territorio”, detalló.
“Hay empresas inmobiliarias que están realizando esta evasión. No son personas que viven en la región y que van a comprar media hectárea para poder vivir aquí, estamos hablando de mega loteos. Acá se está parcelando la Patagonia, acá hay empresas que están vendiendo por internet la tierra sin considerar todos los efectos", agregó.
De acuerdo a la investigación realizada desde 2016 por los organismos socioambientales, la subdivisión de los predios rurales de Aysén ha seguido diversas lógicas (sucesión hereditaria por fallecimiento de propietarios o creación parcelas para capitalizar), lo cual no sólo es necesario, sino legítimo al ser medidas que no significan una gran intervención del territorio.
Añaden que en el último tiempo se han visto subdivisiones impulsadas por inmobiliarias, que compran terrenos con el único objetivo de rentabilizar su inversión independiente del interés público, tanto de quienes ya viven en dichos sectores como de los ecosistemas.
Algunos de impactos de los macro loteos no planificados son mayor presión sobre fuentes hídricas, bosques para energía, deforestación (para construir y trazar caminos) fragmentación del territorio con impactos sobre corredores biológicos, contaminación del agua (disposición de aguas grises y negras), contaminación el suelo (disposición de residuos).
Todo esto, además de dificultades de acceso al agua de comunidades ya existentes, cuando los loteos presionan las mismas cuencas, dificultan la provisión de servicios a comunidades ya existentes por parte de nuevos habitantes de los loteos, entre otros efectos.
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