Con apelación la Fiscalía buscará la prisión preventiva para Huala

Contraataque judicial en el bullado Caso LED. Entérese de las diligencias frente a este caso de alcance nacional.

Luego que el tribunal rechazara aplicar la prisión preventiva al exalcalde de Coyhaique, Alejandro Huala Canumán y el exsecretario municipal de Planificación (Secplac), Julio Villarroel Rojas, en el llamado Caso LED, la Fiscalía Regional de Ñuble –que encabeza la investigación a nivel nacional- recurrirá a la Corte de Apelaciones para obtener la medida cautelar más gravosa contra ambos exfuncionarios públicos.

En lo que corresponde a la cuarta arista formalizada del citado caso, los fiscales Paulina Valdebenito y Luis González, de Chillán y Coyhaique, en la audiencia presentaron cargos contra la cúpula de la empresa ITELECOM, conformada por su controlador Marcelo Lefort Hernández, y los ejecutivos Ricardo Rodríguez Bizama, Pedro Guerra Guerrero y Leonardo Bustos Abarzúa, por el delito de soborno reiterado. Se les aplicó la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Asimismo, se les imputó cohecho reiterado a la ex máxima autoridad de la comuna de Coyhaique y a su brazo derecho, el encargado de Secpla. También se les investiga por violación de secreto. Para ellos se pidió la prisión preventiva, pero el juez de Garantía rechazó la solicitud y les impuso el arraigo comunal, medida que dejó disconforme a la Fiscalía, por lo que recurrirá al Tribunal de Alzada de la capital de la Región de Aysén.

El fiscal Luis González, explicó que en la indagatoria se han acreditado pagos superiores a los $15 millones, de parte de la cúpula de ITELECOM a Huala Canumán y Villarroel Rojas. No obstante, se trabaja en detectar otras altas cifras de dinero, de las que hay sospechas a estas alturas de la investigación.
En la audiencia las defensas de los exempleados públicos plantearon que el Juzgado de Garantía de Coyhaique sería incompetente para conocer la causa, cuestión que fue desestimada por el tribunal.

En la investigación del Caso LED a nivel nacional, que está en manos de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, ya se han formalizado cuatro aristas: Ministerio de Energía, Municipalidad de Chillán, Municipalidad de Negrete y Municipalidad de Coyhaique. En total suman 16 personas imputadas.

Se calcula, hasta el momento, que el controlador de ITELECOM y sus ejecutivos sobornaron por aproximadamente $1.600 millones de pesos a distintos funcionarios públicos a lo largo de Chile, para resultar favorecidos en las licitaciones y obras de recambio de luminarias de los sistemas de alumbrado público. ​