El miércoles 12 de enero de 2022, el Senado de Chile aprobó en general el Proyecto de Ley que establece una Ley Marco de Suelos.
La iniciativa fue liderada por la senadora Carmen Gloria Aravena con el apoyo de los senadores (as) Álvaro Elizalde, Juan Castro, Adriana Muñoz, Rafael Prohens y Carlos Montes.
Esta votación corresponde al primer trámite constitucional y se llevó a cabo tras el informe de la Comisión de Agricultura.
El anteproyecto, que se encuentra bajo el boletín N.º 14.714-01, tiene como objeto de esta Ley es regular la gestión sostenible del uso del suelo, así como resguardar su protección, conservación y restauración con la finalidad de evitar su destrucción y degradación; promover su identificación, estudio, clasificación y conocimiento; considerando los tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentren vigentes y que incidan sobre la materia.
Especial énfasis del anteproyecto dice relación con las funciones y servicios ecosistémicos del suelo.
Al respecto, cabe hacer presente que el Proyecto de Ley refleja sólo una parte del anteproyecto elaborado por cerca de 50 investigadores y profesionales del área de la ciencia del suelo en Chile, coordinado por Rodrigo Herrera Jeno, mediante un trabajo que inició formalmente el año 2020 en acuerdo con la Comisión de Agricultura del Senado, ya que el Ejecutivo de la época no ingresó el Proyecto de Ley como mensaje presidencial, debiendo reducirse para ser admisible.
Frente a este escenario, en enero 2024, el Ejecutivo ingresó indicaciones al Proyecto de Ley, a fin de nutrirlo de mayor contenido en base el Anteproyecto previamente mencionado. Sin embargo, estas indicaciones aún no han sido tramitadas. La urgencia que se le otorgue a este proyecto depende del Ejecutivo.
“La necesidad de regular el uso del suelo en Chile es apremiante” expresa la Dra. Claudia Rojas, la actual presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo (SChCS), ya que esta iniciativa no solo busca regular el uso del suelo, sino también promover una gestión sostenible que incluya la protección, conservación y restauración de este ecosistema vivo.
Chile enfrenta serios problemas en la gestión y protección de suelos, derivados en parte por la falta de un ordenamiento territorial adecuado y los efectos de la contaminación y desertificación. Muchos desafíos ambientales actuales, como por ejemplo la capacidad de adaptación y mitigación del cambio climático, están relacionados con el estado de los suelos, lo que resalta la importancia de una gestión integrada de estos ecosistemas.
Rojas destaca que los suelos desempeñan múltiples funciones y cumplen con distintos servicios ecosistémicos, sin una Ley que proteja los suelos, estas contribuciones a la naturaleza y los seres humanos está en peligro.
Según cifras del Reporte Nacional de Degradación de las Tierras que entrega la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Chile, el 23% de nuestro país se encuentra en estado de desertificación y un 53% en estado de sequía. Pero lo más preocupante es que más de 12 millones de hectáreas (17%) está en riesgo potencial de desertificación “muy alto” y más de 4 millones de hectáreas (6%) se encuentran en la categoría de “alto”, es decir, el 23% de toda la superficie del país.
Para Paula Candia Inostroza, abogada, socia de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, colaboradora de la ONG Suelo Sustentable y actual Coordinadora Ejecutiva de la mesa científico-técnica que elaboró el Anteproyecto de Ley, uno de los mayores desafíos en este momento es lograr que se le dé una tramitación prioritaria en el Parlamento, algo que depende del gobierno.
A pesar de que puede haber algunas diferencias en ciertos aspectos de fondo, los sectores políticos presentes en la Comisión de Agricultura han mostrado un consenso en la necesidad de tramitar y contar con una Ley Marco de Suelos, apoyando en general el contenido del anteproyecto, por lo que la disposición existe.
La abogada señala que el Proyecto de Ley abarca tres áreas esenciales: la gestión sostenible del uso del suelo; la protección, conservación y restauración de este; y la promoción de su identificación y estudio. No obstante, para lograr estos objetivos, es crucial dotar al proyecto de un contenido sólido, una estructura institucional adecuada y herramientas de gestión efectivas.
“Actualmente, el país carece de una ley general sobre el suelo, lo que resulta en una serie de normas dispersas, inconexas, que no abordan de manera efectiva la degradación y destrucción del suelo, ni permiten una planificación a largo plazo para su uso y gestión sostenible", dijo.
"Nuestra normativa relacionada a suelos es precaria que no solo omite darle un tratamiento integral como ecosistema, sino que lo trata como un recurso natural renovable, entendimiento contrario a lo que postula la ciencia, más aún si no se le da un uso adecuado”, comentó la abogada Candia.
En 1994, se implementó el primer Plan Nacional de Conservación del Suelo en Chile. Seis años después, en el año 2000, la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo organizó un simposio que marcó un hito en la discusión sobre la gestión del suelo.
En 2019, la Comisión de Agricultura del Senado tomó una iniciativa clave al encargar a cuatro organizaciones de la sociedad civil, especializadas en ciencias y técnicas del suelo, la elaboración de un Anteproyecto de Ley. Este esfuerzo conducido por la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, la ONG Suelo Sustentable, la Sociedad Geológica de Chile y el Colegio de Geólogos de Chile, buscaba abordar la falta de regulación en Chile en relación con este importante ecosistema.
Para lo anterior, se formó un grupo de trabajo, compuesto por más de 50 investigadores y profesionales de diversas partes del país, quienes organizados en las mesas temáticas de erosión, desertificación y degradación; contaminación; cambio climático y ordenamiento territorial, trabajaron conjuntamente y presentaron el Anteproyecto a finales de 2021.
Este anteproyecto consistía en una propuesta de cuatro títulos con un total de 24 artículos más las disposiciones transitorias. El Título I sobre disposiciones generales, establecía el objeto y ámbito de aplicación, así como el catálogo de principios y definiciones necesarios para una Ley Marco de estas características.
El Título II abordaba la gobernanza, institucionalidad y participación ciudadana, donde destacaba la propuesta de creación de una Comisión Interministerial de Suelos, la creación de un Instituto Nacional de Suelos, la creación de cinco Comisiones Macro Zonales con participación transversal, y una Política nacional de Gestión Sostenible del Uso del Suelo, ordenando la creación de instrumentos de gestión para las áreas de ordenamiento y planificación territorial; prevención y regulación de la contaminación del suelo; degradación química, física y biológica; mitigación y adaptación al cambio climático a través del suelo; y educación sobre suelos.
Finalmente, los Títulos III y IV establecían los instrumentos de gestión sostenible del uso del suelo, así como los instrumentos de fomento e incentivos, respectivamente.
Debido a la falta de patrocinio del ejecutivo, el Proyecto de Ley que ingresó a tramitación es una versión reducida y modificada, de solo siete artículos que solo mantuvo -en parte- el objeto, ámbito territorial, principios y definiciones propuestas en el Anteproyecto, además de agregar cuatro artículos muy mesurados en relación a la forma de participación ciudadana.
Todo lo demás, relacionado con institucionalidad, gobernanza e instrumentos de gestión y fomento, no pudieron ser contemplados, ya que excedían las materias que podrían ser propuestas por la vía de moción parlamentaria. Por otro lado, mientras el Anteproyecto propuso regular de manera general la gestión y uso del suelo, las indicaciones tienen un mayor foco en el sector agrícola.
Por esta razón la tramitación de las indicaciones del Ejecutivo, ingresadas en enero de este año, son tan importantes, aun cuando subsisten diferencias importantes entre dichas indicaciones y el Anteproyecto. La falta de un marco legal que regule, proteja y fomente la restauración del suelo de manera adecuada, y en todos sus roles, podría acarrear serias consecuencias para Chile y sus ciudadanos, de ahí la urgencia y esfuerzos por acelerar el proceso legislativo en el parlamento.
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