A través de una declaración pública, la Unidad de Pastores de la Patagonia confirmo la destitución de sus filas al presbítero Hugo Soto contreras, involucrado en un caso de abuso en la región de Aysén.
El líder religioso, de 51 años, fue formalizado este fin de semana por la Fiscalía de Coyhaique por el delito de estupro contra una persona adolescente, con la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación judicial.
“En acuerdo pleno de todos sus miembros se ha procedido hace un par de semanas (…), a la destitución del cargo de presidencia que ocupaba el Pr. Hugo Soto Contreras y a la posterior expulsión de su membresía de esta agrupación”.
Ello, continúa la misiva, “obedeciendo a los estatutos que nos conforman, como también a nuestra sujeción a las leyes terrenales, morales y sobre todo espirituales que nos rigen”.
“Somos enfáticos en condenar todo acto delictivo, rechazando toda clase de abusos, en especial aquellos que impliquen a menores de edad; por lo que valoramos también la valentía de las víctimas y de sus familias para realizar las denuncias pertinentes y comprometemos nuestras oraciones para que pueda salir toda la verdad a la luz y ser restaurados sus corazones”, continúa la declaración de la UPPA.
Finaliza el comunicado indicando que “los hechos que se han ido mostrando, los cuales hemos ido conociendo igual que el resto de la comunidad (…) no representan en ningún caso el sentir de la iglesia ni de esta agrupación pastoral, muy por el contrario son condenados con la severidad que corresponde”.
Este fin de semana y tras la formalización de Soto Contreras, el fiscal Matías Manzano explicó sobre el caso que "se solicitó (…) la prisión preventiva del imputado, atendido que efectivamente es un peligro para la seguridad de la sociedad, y porque particularmente existen antecedentes, hasta este momento, de otras víctimas que habrían sido objeto de hecho similares por parte del mismo imputado y dentro del mismo contexto".
Agregó el persecutor que "el Juzgado de Garantía accedió a la petición, decretó la prisión preventiva del imputado y se otorgó un plazo de investigación de 60 días a fin de afinar las diligencias que se encuentran pendientes, las cuales se encuentran a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI".
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