Fiscalía Regional de Aysén y PDI logran detención de imputados por fraudes a empresas

Sujetos están involucrados en transacciones electrónicas. Montos acreditados en los ilícitos bordean los 90 millones de pesos, hasta ahora.

Como parte de una extensa investigación conjunta entre la Fiscalía Regional de Aysén, a través de su Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos y la Brigada Contra el Cibercrimen de la PDI Metropolitana, se logró la detención de tres imputados adultos, dos hombres y una mujer, por fraudes en transacciones electrónicas que afectaron a cuatro empresas del país. 

Uno de los casos ocurrió en Puerto Aysén y la Fiscalía Nacional asignó a la Fiscalía Regional de Aysén para investigar hechos similares ocurridos en otras comunas de Chile. 

Las detenciones de los involucrados fueron practicadas por detectives de la PDI en Pudahuel y Huechuraba, en tanto que la formalización por asociación ilícita y fraude en transacciones electrónicas se realizó a través de videoconferencia con el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén. Los tres imputados fueron puestos en prisión preventiva, a solicitud del Ministerio Público. 

Modus operandi

El fiscal regional, Carlos Palma Guerra, explicó que desde diciembre del año 2022 y hasta marzo del año en curso, los integrantes de la banda criminal se organizaron para defraudar a empresas, conformando una agrupación jerárquica con distintas funciones.

Los imputados, añadió la principal autoridad del Ministerio Público en Aysén, se concertaron con personas no identificadas e idearon un mecanismo para obtener dineros de terceros, mediante la vulneración de los medios de seguridad de bancos, accediendo así a cuentas corrientes de diversas empresas. 

Adicionalmente, crearon destinatarios para realizar transferencias ilícitas de dinero desde las cuentas de las empresas afectadas hacia cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma.

Por su parte el prefecto Luis Orellana, jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, manifestó que “detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, junto a la Fiscalía Regional de Aysén, lograron identificar una organización criminal dedicada a este tipo de fraudes, quienes a través de la modalidad de phishing y pharming lograban obtener las credenciales bancarias de sus víctimas y efectuar transacciones a empresas que ellos creaban previamente -a nombre de terceras personas- que tenían el único fin de recibir este tipo de dinero de montos defraudados”. 

El oficial añadió que, hasta el momento, “se llevan analizados montos que superan los 400 millones de pesos”.

Uno de los líderes de la organización, había sido detenido el año 2017 por delitos de estafa y otras defraudaciones. Además, en el operativo la PDI incautó computadores, dos vehículos -uno de alta gama-, documentación, tarjetas de crédito, débito y de coordenadas, tanto de los imputados, terceras personas y también de empresas.

Transacciones

El fiscal regional, Carlos Palma, añadió que los imputados acordaron recibir una parte de los dineros y otro porcentaje para un tercero, un hacker, cuya identificación está en proceso. Una vez que los fondos eran transferidos fraudulentamente, una cuarta imputada, actualmente en prisión preventiva desde abril de este año por estos hechos, concurría a sucursales bancarias para retirar el dinero.

El primero de los delitos formalizados por el fiscal Luis González de la Unidad de Análisis Criminal, SACFI, ocurrió el 14 de diciembre del 2022 y afectó a una empresa Agrícola por 25 millones de pesos, mientras que el segundo hecho, se produjo el 8 de febrero de 2023, por 14 millones de pesos, donde resultó afectada una empresa de climatización. 

El tercer delito tuvo lugar el 1 de marzo, por más de 24 millones de pesos, donde la afectada fue una empresa prestadora de servicios y el cuarto caso formalizado se registró el 28 de marzo, y perjudicó a una empresa de Producciones por 25 millones de pesos aproximadamente.

El plazo para el término de las diligencias en este caso de crimen organizado, PDI fue fijado en 90 días por el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén.