La justicia sentenció a 10 años de presidio al ex alcalde de Guaitecas Cristian Alejandro Alvarado Oyarzo como autor del delito de malversación de fondos públicos, sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique en el mes de diciembre del 2021.
La sentencia llegó luego del recurso de nulidad interpuesto por la defensa del imputado, el cual fue finalmente rechazado este jueves 18 por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, alegato donde participó la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público.
Esta investigación penal de la Fiscalía se originó entre otros, luego del Informe Final de Investigación Especial N° 76, de 2017, de la Contraloría Regional de Aysén, el cual fue remitido al Ministerio Público, en el que se detallaban una serie de irregularidades ocurridas al interior del municipio.
En las indagatorias posteriores realizadas durante el 2018, también participó un equipo fiscalizador de dicho Órgano Contralor. En dicha causa también participó como querellante el Consejo de Defensa del Estado.
De acuerdo a los hechos expuestos por la Fiscalía en el juicio oral, el imputado Raúl Mansilla Barría (quien ya falleció por complicaciones de salud), se desempeñaba como jefe de Finanzas de la Municipalidad de Las Guaitecas y Cristian Alvarado como alcalde.
En dichas circunstancias, aprovecharon estas funciones públicas y el hecho de tener a su cargo dineros fiscales, para sustraer dineros de las cuentas corrientes bancarias del municipio y de la Empresa Eléctrica Municipal de Melinka, transfiriéndolos electrónicamente hacia sus propias cuentas o hacia terceros.
Para ello, los imputados realizaron operaciones fraudulentas, transfiriendo fondos públicos sin respaldos o con facturas y decretos de pago ideológicamente falsos, las que aparentaban la adquisición de bienes o el pago de servicios.
Dichas acciones fraudulentas se realizaron con el acuerdo y participación de Rosario Saldivia Calixto, cónyuge de Raúl Mansilla y -en ese entonces- bibliotecaria de la Municipalidad de las Guaitecas, y Luis Melián Oyarzo, que ejecutaba labores como contador externo de la citada planta eléctrica.
Estas personas facilitaron sus cuentas corrientes bancarias para la recepción y desvío de los dineros fiscales y, además, en el caso de Luis Melián Oyarzo, entregaron facturas de otras entidades comerciales, logrando de esta forma sustraer dineros públicos.
En estas maniobras también participó directamente Cristian Tauda Krema, quien se desempeñaba como jefe de la mencionada Planta Eléctrica, y que concertado con Mansilla y Alvarado, consintió y autorizó expresamente el pago de combustibles y otros servicios.
La autorización fue a sabiendas que dicho combustible nunca se había adquirido, lo que era parte de una planificación elaborada para respaldar el egreso de dineros fiscales desde la cuenta corriente de la Planta Eléctrica de Melinka.
Además de la sentencia a 10 años de presidio efectivo, la cual deberá cumplir en la cárcel, Cristian Alvarado Oyarzo fue condenado a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Además recibe una pena de 15 Unidades Tributarias Mensuales, cerca de 950 mil pesos, por este delito cometido entre los meses de enero de 2013 y los primeros días de agosto de 2016, en perjuicio de las cuentas fiscales de la Municipalidad de Guaitecas, monto que ascendió a los 351 millones de pesos.
Como se recordará, luego de una investigación dirigida por el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal condenó también en este caso a Luis Melián Oyarzo y Cristian Tauda Krema, quienes fueron sentenciados a las penas de siete años y 182 días de presidio efectivo por fraude al fisco, más el pago del 5% del perjuicio ocasionado al municipio, es decir 17 millones de pesos.
Rosario Saldivia Calixto, en calidad de cómplice, fue condenada a cuatro años de presidio por malversación más el pago de 15 UTM, es decir 750 mil pesos aproximadamente.
Además, entre todos los condenados deberán pagar una indemnización de perjuicios solidaria por 351 millones de pesos, el monto total del fraude al municipio, es decir que deberán devolver todo ese dinero al Estado.
La Fiscalía durante el juicio oral efectuado en diciembre del año 2021, en el que litigó el fiscal jefe de Sacfi, Luis González, exhibió prueba documental con numerosas facturas, decretos de pago, facturas electrónicas, notas de crédito, entre otros, sumado a testigos, peritos y peritajes especializados, entre otros medios de prueba.
Todo lo anterior, fue recolectado a lo largo de una investigación que lideró el Fiscal Regional, Carlos Palma, junto a un equipo entre los que se incluyó al fiscal Luis González y al abogado asesor Miguel Riquelme, sumado a policías y peritos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y Lacrim de la Policía de Investigaciones.
Con esta resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, ya no hay más instancias disponibles y el ex alcalde de Guaitecas, deberá cumplir su condena en la cárcel.
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