Una profesional de la salud y su hijo, fueron puestos en prisión preventiva en Puerto Aysén, por los de tráfico vía extensión de recetas cheque y falsificación de certificación médica. Las personas se encontraban viviendo en la comuna desde el 2016.
De acuerdo a lo explicado por el fiscal regional, Carlos Palma, lograron determinar que ganaron más de 200 millones de pesos con los ilícitos. "Hemos logrado detectar más de 200 millones de pesos en beneficio producto de estas ventas, son más de 120 talonarios que ha solicitado a la autoridad administrativa de salud para efectos de venderlos. Por lo tanto, evidentemente ella estaba traficando en grandes cantidades", aseguró.
El persecutor penal añadió que los medicamentos recetados o vendidos directamente a los pacientes poseen como principio activo fentermina, aunque hay otros para bajar de peso.
"Éstos exigen una evaluación, exámenes médicos y la prescripción médica profesional seria, no la venta como la hemos detectado, tratándose de tráfico de drogas, mediante llamados telefónicos y venta de la receta a cambio de dinero", dijo.
El jefe de la Región Policial Aysén de la PDI, prefecto Luis Torralba, explicó que la investigación duró al menos tres meses, en la cual los funcionarios detectaron el modus operandis de la profesional y su hijo.
“Logramos detectar a una profesional de la salud quien, en compañía de su hijo, quienes extenderían licencias médicas y certificados para obtener medicamentos sin atención médica previa”, expresó.
Se estableció además, que la doctora mantenía una consulta particular que utilizaría como fachada en el centro de la comuna de Puerto Aysén, mientras que la venta, habría sido realizada por su hijo a través del cerco de su vivienda, previa coordinación telefónica con los interesados.
Los investigadores incautaron diversos comprimidos con los principios activos de fentermina y otros como clonazepam, clordiazepóxido, diazepam, midazolam, lorazepam y codeína, cuyo valor comercial asciende a cerca de los 150 mil pesos.
Del mismo modo, los detectives incautaron alrededor de dos millones de pesos en efectivo, dispositivos electrónicos y diversa evidencia documental relacionada al ilícito, como recetas cheques, licencias médicas, fichas médicas, cuadernos de anotaciones, libros de contabilidad, entre otros elementos.
Finalmente, la fiscal María Inés Núñez dijo que la denuncia fue presentada en diciembre en la Bidema de Puerto Aysén y tras la investigación, se detectó que las atenciones médicas, no tenían relación con la indicación terapéutica.
El plazo para el término de las diligencias fue fijado en 90 días por el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén.
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