Comienzan audiencias de la comisión que analiza acusación contra Presidente Piñera

Durante su primera jornada, la instancia recibió a periodistas que han investigado los negocios asociados a la familia del Presidente de la República.

La comisión que analiza la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera comenzó a recibir invitados. En la jornada se dio cuenta de la carta enviada por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, excusando su participación en la instancia.

En el documento se señala que la Fiscal Regional Claudia Perivancich está cargo de la investigación por negociaciones de la minera Dominga. Por lo tanto, él no podría referirse a este proceso, además por la reserva de la investigación que se establece en el Código Penal.

Frente a esto, quienes integran la instancia acordaron desarrollar un cuestionario de consultas para que el Fiscal Nacional, eventualmente, responda.

Abogados ambientalistas

En esta primera sesión, participó la abogada ambientalista Llankiray Díaz. En su intervención explicó cómo funciona el sistema de evaluación ambiental, detallando el proceso que desarrolló el proyecto minero portuario Dominga en Higuerillas.

Explicó que es un proceso “muy normado”, pero llamó la atención del carácter “político” de las organizaciones que se pronuncian sobre los proyectos. Esto debido a que están conformadas por el delegado presidencial y secretarios regionales ministeriales o por ministros de Estado.

La abogada también se refirió a la decisión de Sebastián Piñera de no apoyar el proyecto Barrancones, “aparentemente por una preocupación ambiental”. Además, criticó como lobby a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, dependiente del Ministerio de Economía, que tuvo entre sus prioridades a Dominga.

El abogado ambientalista Ezio Costa también criticó a esta oficina, señalando que “los gobiernos no deberían tener proyectos privados como favoritos”. Aseguró que no están normados los criterios para priorizar ciertos proyectos.

Probidad

En la sesión también participó el abogado Marcelo Drago, ex presidente del Consejo para la Transparencia. En su intervención revisó las normas vigentes con relación al principio de probidad en la administración pública.

Sobre la situación del Presidente Piñera, señaló que actuar bajo cualquier conflicto de interés es una falta grave al principio de probidad. Situación que podría establecerse en este caso, considerando los vínculos familiares y de amistad que existirían entre quienes realizaron las negociaciones de la minera Dominga.

Ilícitos constitucionales 

En la jornada de la tarde inició las audiencias uno de los redactores de la Acusación Constitucional, el abogado Enrique Aldunate. El experto aseguró que la responsabilidad constitucional del Presidente de la Republica es jurídica – política. Jurídica, porque se basa en inconductas constitutivas de ilícitos constitucionales, lejanos a un delito punitivo. Y política, porque quienes juzgan son órganos políticos, tanto la Comisión en cuestión, como la Cámara y el Senado.

En cuanto a los ilícitos constitucionales, según Aldunate, pueden referirse a actos de la administración presidencial que hayan comprometido el honor y la seguridad de la nación.

El abogado también se refirió al hecho concreto constitutivo como una irregularidad o delito. Este tendría relación con el acto de autorización y de evaluación ambiental favorable para el proyecto minero portuario Dominga, cometido por un grupo de colaboradores del presidente.

Investigación Periodística

A continuación, participó el periodista Sergio Jara, director de prensa del medio electrónico El Desconcierto. Fue director del área de investigación de Radio Bío Bío entre 2016 y 2018, años en que fueron indagados los negocios de la familia del Presidente Sebastián Piñera.

En su intervención, expuso sobre las negociaciones de Exalmar, institución vinculada al Primer Mandatario. Jara aseguró que en la indagatoria se encontró con sociedades en paraísos fiscales, empresas que se dividían y se fusionaban, y fondos de inversión privados que permitían operar en el anonimato.

En cuanto a las indagaciones relacionadas con Bancard Inversiones, dijo que se encontraron con inversiones de 100 empresas en distintos países. Operaciones que se realizaban a través de sociedades en Chile, las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

En su intervención, el periodista recalcó que, según estimaciones de la Revista Forbes, la fortuna de la familia Piñera, creció casi un 10% en su período presidencial.

Fue en estas indagaciones, donde el equipo periodístico encuentra las primeras pistas que habrían vinculado al Presidente, con el polémico proyecto minero Dominga. Iniciativa que, según el periodista, ya estaba bajo investigación judicial por posibles pagos de coimas para obtener permisos ambientales.

En cuanto a la bajada del proyecto Barrancones en el año 2010, lugar donde se instalaría Dominga, Sergio Jara también presentó antecedentes. Aseguró que no fue el Presidente el que directamente terminó con el proyecto, sino uno de sus amigos cercanos Juan Claro, por expresa solicitud del mandatario.

Para la aprobación de Dominga, Jara se refirió a las 20 reuniones entre autoridades en los últimos tres años. Algunas de ellas sin registro, dando cuenta de presiones durante la tramitación de los permisos.

Ciper y LaBot

Continuó con las audiencias Pedro Ramírez, director de CIPER Chile. Institución que realiza periodismo de investigación, y es parte del Consorcio Internacional para el Periodismo de Investigación (ICIJ). Este organismo coordinó la investigación internacional de Pandora Papers. Acción que logró la revisión de 12 millones de documentos, principalmente contratos realizados en paraísos fiscales.

Ramírez aseguró que, según el criterio periodístico, los contratos en Islas Vírgenes expusieron a la Presidencia de la República a un conflicto de interés. No habló de un delito en particular, pero valoró que ahora la indagatoria se encuentre en la fiscalía y en el SII.

Estuvo presente también Francisca Skoknic, editora de LaBot, medio que también participó en las investigaciones de los Pandora Papers. En la ocasión se refirió a los documentos que acreditan el futuro pago de la tercera cuota por la venta de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas. Esta última supeditada a la aprobación del proyecto dentro de las normas de protección ambiental chilenas.

Los periodistas cuestionaron que, desde la Moneda, no haya reproche alguno a este posible conflicto de interés. Y que el sentido al escribir este tipo artículos, es generar una discusión pública y evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo.